Nacional/Política

A cinco años del informe Stavenhagen:

Avances o sólo medidas conciliadoras

Un informe de la ONU del año 2003 explicitaba la deficitaria situación del respeto a los derechos humanos del pueblo mapuche. Cinco años después, muchos actores coinciden que poco ha cambiado y que cualquier avance depende de un cambio cultural y de una reforma a la Constitución.

Por Manuel Toledo-Campos, Damaris Torres Contreras y Catalina Valencia

Semanas atrás fue posible observar a través de todos los medios de comunicación la quema de predios de propiedad de Eduardo Luchsinger. Al igual que en ataques anteriores sufridos por el empresario, se ha responsabilizado a comuneros mapuches, quienes según el testimonio del afectado habrían sido los ejecutores.

Sin embargo, este tipo de enfrentamiento no es algo nuevo en la región de la Araucanía. A lo largo de los años se han denunciado muchos casos tanto de ataques a zonas agrícolas privadas como de abusos a los derechos humanos de indígenas. La atención a los abusos ha sido insuficiente, pues poco es lo que se ha dicho y hecho ante este tema. Con tan sólo un breve vistazo a la historia de Chile queda en evidencia la poca conciencia hacia las culturas originarias, en especial la mapuche.

Raíces del conflicto

La colonización española marcó el inicio de la desaparición de las culturas indígenas. La Guerra de Arauco afectó a los mapuches haciendo que migraran hacia el sur. En 1888, Chile emprendió la conquista militar conocida como “Pacificación de la Araucanía”, que integró aquella zona al resto de la nación. Los pueblos originarios fueron perdiendo sus territorios, recursos e importancia. Otra consecuencia fue el proceso de asimilación de las características culturales propias de la nueva soberanía.

Sólo una vez que el Presidente Salvador Allende fue electo en 1970, los indígenas vislumbraron una solución a sus problemas gracias a una serie de cambios sociales y la aceleración del proceso de reforma agraria que incluía la devolución de tierras a las distintas comunidades. Sin embargo, el golpe militar llevado a cabo tres años después de la asunción de Allende hizo que todo el proceso se revirtiera.

En 1989, Patricio Aylwin suscribió el acuerdo de Nueva Imperial, el cual marcaría un precedente para la elaboración de la Ley Indígena promulgada en 1993. Esta fue la primera vez en que el Estado chileno reconoce derechos específicos a los pueblos indígenas y expresa la intención de establecer una nueva relación con ellos.

Se crea además la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), que según la Ley Indígena “se encarga de promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas”. Por otro lado, la Subsecretaría del Ministerio de Desarrollo y Planificación (Mideplan) fue designada como la coordinadora de programas y políticas para los pueblos originarios.

Durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet han surgido distintas iniciativas, como la creación de la “Comisión de la verdad histórica y nuevo trato”, y la propuesta de modificación de la Constitución, estableciéndose a Chile como una nación multicultural.

Intervención de la ONU

A pesar de todos los esfuerzos que los gobiernos elegidos democráticamente han hecho para solucionar el llamado “conflicto mapuche”, ninguno de estos empeños ha logrado mermar las injusticias cometidas a diario contra las comunidades mapuches de la zona sur de Chile.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), instó al gobierno de Ricardo Lagos para que aceptara a un alto comisionado de dicha institución. La misión con la que venía el antropólogo y sociólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la ONU, era la de averiguar y luego dar a conocer, mundialmente, la realidad en la que viven los pueblos originarios de Chile.

En la investigación realizada el año 2003, se destacaron los avances realizados en torno a las políticas públicas hacia los pueblos originarios, como por ejemplo la Conadi. No obstante, el informe manifestó que dichos progresos se ven disminuidos por los abusos a los derechos humanos que sufre, constantemente, el pueblo mapuche.

Se dieron a conocer los altos índices de pobreza en que viven las comunidades originarias. Según el autor, “las familias indígenas reciben la mitad de los ingresos que las familias no indígenas”. También aludió a la “falta de integración en la educación, donde aún no se ha respondido plenamente a la demanda mapuche de protección, preservación y fomento de su cultura tradicional”.

Pero sobre todo Stavenhagen hizo un llamado al Senado de Chile para que ratifique el convenio 169 de la OIT que trata sobre los derechos de las comunidades indígenas. Al ser aceptado este acuerdo, “se solucionaría una gran cantidad de malversaciones a la ley indígena, como la tenencia y explotación de tierras de propiedad mapuche”.

Derechos humanos y convenio OIT

Respecto a lo dicho en el informe acerca de los derechos humanos, las respuestas son difusas. En general, estas consisten en planes y programas gubernamentales que buscan solucionar la calidad de vida, la preservación de la cultura y la recuperación de tierras de los pueblos originarios. Pero estas iniciativas carecen de investigación en detalle de las inquietudes propias de cada grupo identitario.

La falta de preocupación hacia los derechos humanos ha sido constatada mediante múltiples injusticias. La utilización de la ley antiterrorista, cuando en rigor se debe utilizar la ley común es una de las preocupaciones del senador Alejandro Navarro, quien señaló a Estación Intermodal que “como se sabe, la utilización de la ley antiterrorista fue reprendida por un enviado de Naciones Unidas, el relator Rodolfo Stavenhagen, quien incluso recomendó la amnistía del lonko Pascual Pichún”.

El caso referenciado por el senador involucra al líder de la Comunidad Antonio Ñirripil de Temulemu, a quien se le acusó de amenazas terroristas, razón por la que estuvo en prisión preventiva por cuatro años y tres meses, vulnerándose el derecho de todos los ciudadanos a un debido proceso.

Para solucionar casos como este, la ratificación del convenio 169 es sólo el primer paso. El abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez señaló a este medio que “hay disposición a aprobar el convenio, pero con la condición de una norma interpretativa hacia los conceptos de pueblo y cultura que restringirían el alcance de la ley”. Agrega que “se reconoce que en el país existe una pluriculturalidad, pero el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche todavía sería un punto pendiente, ya que ellos no podrían decidir sobre el futuro de sus propias comunidades”.

Otra visión respecto al tema la tiene Eduardo Luchsinger, a quien hacíamos referencia en un comienzo. El empresario aseveró a esta revista: “no creo que nada cambie en cinco o diez años porque es difícil que salgamos del estanco en que nos encontramos”. Esto lo dice en consideración a los atentados realizados por supuestos grupos mapuches a predios pertenecientes a miembros de su familia, aunque puntualiza que “sé que son los extremistas quienes le hacen daño a una lucha con argumentos discutibles pero atendibles”.

Lo que no se puntualiza es que el respeto a los derechos humanos parte de la igualdad de oportunidades. La educación y la salud son innegables a todas las personas, y en el informe de Stavenhagen queda claro que los mapuches se encuentran en una situación deficitaria y que los cambios esperados no ocurren.

La Conadi ha implementado planes como el fondo de desarrollo indígena o el programa indígena urbano, para reducir los índices de pobreza y minimizar la brecha educacional. Sin embargo, en una entrevista dada al semanario The Clinic Héctor Llaitul, miembro de la Comunidad Arauco Malleco, señaló: “Hay gente que piensa que del gobierno podemos conseguir cosas, pero terminamos siendo sistémicos”.

En definitiva, pese a los esfuerzos realizados por los estamentos gubernamentales durante los últimos años, las medidas aún se hacen insuficientes para mitigar las injusticias sociales hacia los pueblos originarios.